La fiscalía de delitos monetarios: The 90-day rule

Curiosamente, al estúpido populacho le parece normal que a un político que ha desfalcado se le condene a prisión sin más (e incluso que no se le condene). ‘Que si Camps tal que si Matas cual, hay que meterles en chirona!’.

A mí no me parece nada normal encarcelarles: que devuelvan la pasta, y que luego sirvan años en el trullo. Lo segundo no exime de lo primero, ¿no?

¿Qué sucede con tiparracos como estos, El Dioni, Roldán, el de la CAM o tantos y tantos otros? Que cuando se les pide el dinero:

A-Nunca lo tuve.

B-Pulután no lo puedo devolver.

Como estimo probado que tanto lo uno como lo otro es falso, propongo una política penal bien concreta, basada en una salita pequeña con una mesa, papel y boli, una silla y un teléfono. El imputado tendrá a partir de la fecha de ingreso en tal estancia la suma de 90 días naturales para restituir la pasta que no tiene y nunca robó. Ahí tiene el teléfono para articular cuales fueren mecanismos o artimañas que precise con tal de restituir lo birlado.

En ausencia de una restitución TOTAL de lo desfalcado, la vida del individuo será discontinuada.

Así de fácil. Ya verán sus Señorías qué rápido empiezan a aparecer sumas cuantiosas en Luxemburgo, Mauricio o Caymán. Y si no aparece la pasta, zasca voltaje y a la caja, no sin antes –y este es un punto bien visto de esta nueva política- extraerles aquellas partes aún válidas y donarlas al banco de órganos para inminente trasplante. Recordad que trasplante va sin ‘n’, gracias.

De nuevo, y van varios, plan sin fisuras.

A este gente hay que hablarles en su idioma, no entienden otro.

Si la finalidad del sistema penitenciario es rehabilitar, no hay incentivo contrario al crimen. El objetivo es el castigo, y ante el oprobio, justicia.

90 días. Ni uno más.